Chile-E

1) El financiamiento debe provenir de una reforma tributaria, idealmente del impuesto a la renta de las empresas

2) Las carreras se deberían acortar a cuatro años, lo que reduciría en aproximadamente un 20% las necesidades de financiamiento

3) Existirá un monto máximo de nuevos cupos para carreras, es decir, se limitará el crecimiento de la oferta de carreras en función de las expectativas de crecimiento de la oferta y demanda de trabajo (de cada carrera). Esto produciría dos efectos beneficiosos: (1) Reducir el aumento de la cantidad de cupos disponibles, lo que reduce la necesidad de financiamiento, y aumenta la competencia entre postulantes (2) Reducir la tasa de desempleo de los titulados. Los cupos para nuevas carreras deberían ser licitados en función de los aranceles cobrados (lo que contribuiría a reducir el aumento de los aranceles), acreditación, tasa de empleabilidad de titulados, porcentaje de alumnos de menores ingresos (asegurando el acceso de alumnos de diferentes segmentos socio-económicos), etc.

4) El Estado debería entregar un bono por hijo que se deposite en una cuenta de capitalización, similar a un fondo de pensión, de tal forma de ganar intereses y sirva como ahorro para el momento en que el individuo ingrese a la educación superior. Además, los padres o empresas empleadoras de los padres podrán aportar al fondo y deducir impuestos de los aportes, como un medio de incentivar el ahorro.

5) Crear un sistema de acreditación nacional de educación, similar al examen médico nacional, en que voluntariamente los egresados de diversas carreras se sometan a la acreditación. Esto permitiría medir diferencias relativas en los egresados de diversas universidades. Se puede crear una base de datos nacional de profesionales acreditados, y que al mismo tiempo puedan acceder a nuevas acreditaciones de diversa índole, por ejemplo, de idioma extranjero. Además, esta información sería de vital importancia para futuros estudios en política educacional. Las instituciones del Estado deberían exigir la contratación de profesionales acreditados, exclusivamente.

6) El aporte fiscal indirecto, AFI, debería ser entregado a manera de crédito a las universidades, el que deberán devolver a los mejores alumnos a fin de semestre, en forma de un cheque para el uso que estimen conveniente, a fin de incentivar a los alumnos a alcanzar altos estándares de desempeño.